Es satisfactorio escuchar al nuevo presidente del Congreso, Marcial Ayaipoma, comprometerse a empujar contra viento y marea una coherente reforma del Estado, un proyecto largamente postergado por este gobierno y por el cual se han dado algunos pasos iniciales importantes.
Estamos ante una meta hasta ahora consensuada por todas las fuerzas políticas y otros sectores representativos en el Acuerdo Nacional, que no debe desviarse del objetivo de dotar al Estado Peruano de su razón de ser, es decir, la de convertirlo en una entidad eficiente, promotora, competitiva y, por consiguiente, capaz de asumir los desafíos de la modernización que impone el mundo de hoy. La reforma no solo implicará reducir el tamaño del Estado y erradicar las imperfecciones de su burocracia, sino también avanzar hacia el desarrollo de un sistema administrativo homogenizado, cuya presencia se perciba en todo el país, que apoye las potencialidades de cada región, que apuntale la consolidación de sus instituciones políticas y aliente la inversión privada, sin abandonar su papel supervisor y regulador.
Necesitamos ver, siquiera al final de este gobierno, a los poderes Legislativo y Ejecutivo comprometidos en este eje fundamental de cambio que debe involucrar, entre otros aspectos, el ordenamiento del escalafón y de la carrera pública, así como el establecimiento de una política que premie el mérito, el profesionalismo y la eficiencia, y destierre el clientelismo propio de los poderes de turno.
El Congreso de la República bien podría comenzar a sacar, como ha adelantado Ayaipoma, las leyes orgánicas de remuneraciones y del empleo. No bastará con fijar la unidad remunerativa. Así, un sistema de carrera pública que incluya un escalafón único puede terminar, en principio, con las escandalosas disparidades salariales. De otro lado, se daría un paso importante para replantear el tamaño del Estado, hoy desproporcionado e ineficiente, y terminar con las prácticas burocratizantes que se han acumulado en los últimos gobiernos.
Si el Congreso logra avances en este tema habrá creado condiciones propicias para que el próximo gobierno continúe, sin marcha atrás, el conjunto de medidas aprobadas en el Acuerdo Nacional. Aun más, garantizará la transición positiva de un proceso de modernización estatal que no puede detenerse ni evitarse.
Fuente: El Comercio – EDITORIAL
Fecha: Martes 09 de Agosto de 2005
